Se realizarán cursos

-Medidas relacionadas con la lucha contra la violencia de género en la Administración:

-Se acuerda implantar en las webs de todos los ministerios y organismos públicos secciones específicamente dedicadas a facilitar información orientada a la promoción de la igualdad.

-Se acuerda que las estadísticas públicas contengan datos desagregados por sexo que faciliten información sobre la situación social de las mujeres en los diferentes ámbitos objeto de estudio y aplicar, en su caso, políticas públicas de igualdad.

- Se acuerda suscribir un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover planes de igualdad.

-Se encomienda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, en la elaboración de la Ley de orientación del desarrollo rural y la agricultura, se promueva la participación plena de la mujer en la economía y sociedad rurales.

-Se acuerda que los jurados que conceden los premios nacionales de las distintas disciplinas científicas y artísticas tengan una composición paritaria.

-Se acuerda establecer un premio institucional al tratamiento de la mujer en la publicidad que, con carácter anual, premiará el anuncio o campaña publicitaria comercial que más valore y dignifique el papel de la mujer, desde un punto de vista cívico y social, y promueva la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos.

Escrito por cursosdecontabilidad el 06/06/2011 17:58 | Comentarios (0)

La decisión del proceso

Artículo ochenta y seis

Uno. La decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmision inicial, desistimiento y caducidad adoptarán la forma de auto salvo que la presente Ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole de su contenido.

Dos. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el título VI de esta Ley se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" dentro de los treinta días siguientes a la fecha del fallo.

Uno. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

Dos. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.

Uno. El Tribunal Constitucional podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de cualquier Administración Pública la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional. En tal caso, el Tribunal habilitará un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que éstas aleguen lo que a su derecho convenga.

Dos. El Tribunal dispondrá las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecte a determinada documentación y el que por decisión motivada acuerde para determinadas actuaciones.

Uno. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la práctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolverá libremente sobre la forma y el tiempo de su realización, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta días.

Dos. Si un testigo, citado por el Tribunal, sólo puede comparecer con autorización superior, la autoridad competente para otorgarla expondrá al Tribunal, en su caso, las razones que justifican su denegacion. El Tribunal, oído este informe, resolverá en definitiva.

Uno. Salvo en los casos para los que esta Ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, Sala o Sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Dos. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en un voto particular su opinión discrepante defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a su fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y, cuando se trate de sentencias o de declaraciones, se publicarán con éstas en el "Boletín Oficial del Estado".

El Tribunal podrá suspender el procedimiento que se sigue ante el mismo hasta la resolución de un proceso penal pendiente ante un Juzgado o Tribunal de este orden.

El Tribunal podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.

Uno. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos días a contar desde su notificación las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas.

Dos. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo. El recurso podrá interponerse en el plazo de tres días y se resolverá, previa audiencia común de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes.

El Tribunal, a instancia de parte o de oficio, deberá antes de pronunciar sentencia, subsanar o convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento.

Uno. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito.

Dos. El Tribunal podrá imponer las costas que se derivaren de la tramitación del proceso a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare temeridad o mala fe.

Tres. El Tribunal podrá imponer a quien formulare recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a cien mil pesetas.

Cuatro. Podrá imponer multas coercitivas de cinco mil a cien mil pesetas a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiere lugar.

Cinco. Los límites de la cuantía de estas sanciones o multas podrán ser revisados, en todo momento, mediante Ley ordinaria.

Uno. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:

- El Secretario general.

- Los Letrados.

- Los Secretarios de Justicia.

- Los Oficiales, los Auxiliares y los Agentes.

　Dos. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte, y, con carácter supletorio, en lo que sea aplicable por la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Tres. Los cargos relacionados en este artículo son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de éste.

Uno. El Tribunal Constitucional estará asistido por un Cuerpo de Letrados constituido por medio de concurso-oposicion, que se ajustará a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal.

Dos. En su caso, los nombrados quedarán en su carrera de origen en situación de supernumerarios por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional.

Tres. El concurso se ajustará a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal, valorándose especialmente la especialización en Derecho público de los aspirantes.

El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario general elegido por el Pleno del Tribunal y nombrado por el Presidente entre los Letrados, que desempeñará la Secretaría General del Tribunal y ostentará la Jefatura de los Letrados, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas.

Uno. Corresponde al Secretario general organizar, dirigir y distribuir los servicios jurídicos, administrativos y subalternos del Tribunal, dando conocimiento al Presidente, y dirigir, coordinar y ejercer la Jefatura de los funcionarios del Tribunal y desempeñar la Secretaría General del mismo.

Dos. Corresponde igualmente a la Secretaría General la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal.

Tres. Las resoluciones del Secretario general en materia de personal serán recurribles en alzada ante el Presidente del Tribunal, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.

El Tribunal y las Salas tendrán el número de Secretarios de Justicia que se determinen. Los Secretarios de Justicia procederán del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia y las vacantes se cubrirán por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.

Los Secretarios de Justicia ejercerán en el Tribunal o en las Salas la fe pública judicial y desempeñarán, respecto del Tribunal o Sala a la que estén adscritos, las funciones que la legislación orgánica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los Secretarios.

Se adscribirán al Tribunal Constitucional Oficiales, Auxiliares, Agentes y demás personal en la medida necesaria para atender el servicio. El Reglamento fijará las condiciones necesarias para el acceso a estos cargos.

Uno. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elevarán al Rey las propuestas de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Este plazo se interrumpirá para las Cámaras por el tiempo correspondiente a los períodos intersesiones.

Escrito por cursosdecontabilidad el 02/06/2011 18:23 | Comentarios (0)

Los plazos fijados

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones podrán ser prorrogados de forma expresa hasta el límite establecido anteriormente.

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones podrán ser prorrogados potestativa mente, más allá de los límites establecidos, hasta los 60 y 25 años, respectivamente, para restablecer el equilibrio económico del contrato o, excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso en que los derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulización.

Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes:

La comunicación de la Comisión Europea (2003/C 309/07), publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número C 309, de 19 de diciembre 2003, hacía público el contravalor de los umbrales correspondientes a los contratos públicos de obras, suministros y servicios y a los contratos sujetos al Acuerdo sobre Contratación Pública a partir de 1 de enero de 2004.

Haciendo uso de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en la disposición final tercera de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, en el sentido de que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Unión Europea y se publiquen por Orden del Ministro de Economía y Hacienda en euros o en derechos especiales de giro (DEG) sustituirán a las que figuren en el texto de ambas Leyes, la Orden HAC/429/2004, de 13 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» de 25 de febrero de 2004, hizo públicos los límites aplicables a los contratos previstos en las Directivas comunitarias y a los incluidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública, alterando las cifras que figuraban en diversos artículos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, a partir de 1 de enero de 2004, de las cuales las correspondientes al artículo 2.1 de la Ley fueron a su vez modificadas por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para la Mejora de la Contratación Pública, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo de 2005.

En el «Diario Oficial de la Unión Europea» número C 310, de 8 de diciembre de 2005, se publica la comunicación de la Comisión Europea (2005/C 310/04) fijando, a partir de 1 de enero de 2006, los umbrales previstos para los contratos públicos y el contravalor en euros de los derechos especiales de giro, aclarando que para los Estados miembros que participen en el euro las cantidades en euros se aplicarán directamente.

Procede, por tanto, incorporar a la legislación española los límites fijados, a partir de 1 de enero de 2006, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben figurar en los respectivos preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, dispongo:

1. De conformidad con la comunicación de la Comisión Europea (2005/C 310/04) publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» número C 310, de 8 de diciembre de 2005, el valor de los límites aplicables a los contratos incluidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio a partir de 1 de enero de 2006 es el siguiente:

5.000.000 DEG: 5.278.227 euros.

400.000 DEG: 422.258 euros.

200.000 DEG: 211.129 euros.

130.000 DEG: 137.234 euros.

Escrito por cursosdecontabilidad el 26/05/2011 18:52 | Comentarios (0)

Los plazos fijados

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones podrán ser prorrogados de forma expresa hasta el límite establecido anteriormente.

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones podrán ser prorrogados potestativa mente, más allá de los límites establecidos, hasta los 60 y 25 años, respectivamente, para restablecer el equilibrio económico del contrato o, excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso en que los derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulización.

Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes:

La comunicación de la Comisión Europea (2003/C 309/07), publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número C 309, de 19 de diciembre 2003, hacía público el contravalor de los umbrales correspondientes a los contratos públicos de obras, suministros y servicios y a los contratos sujetos al Acuerdo sobre Contratación Pública a partir de 1 de enero de 2004.

Haciendo uso de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en la disposición final tercera de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, en el sentido de que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Unión Europea y se publiquen por Orden del Ministro de Economía y Hacienda en euros o en derechos especiales de giro (DEG) sustituirán a las que figuren en el texto de ambas Leyes, la Orden HAC/429/2004, de 13 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» de 25 de febrero de 2004, hizo públicos los límites aplicables a los contratos previstos en las Directivas comunitarias y a los incluidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública, alterando las cifras que figuraban en diversos artículos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, a partir de 1 de enero de 2004, de las cuales las correspondientes al artículo 2.1 de la Ley fueron a su vez modificadas por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas

Escrito por cursosdecontabilidad el 26/05/2011 18:49 | Comentarios (0)

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1.      NATURALEZA Y OBJETO

-         Tributo Directo y personal sobre el patrimonio de las personas físicas.

-         El patrimonio son los bienes y derechos de contenido económico menos cargas y gravámenes reales que disminuyan su valor y deudas y obligaciones personales: lo que tenemos menos lo que debemos.

2.      AMBITO TERRITORIAL

-         Territorio español, sin perjuicio de los regímenes especiales y tratados.

3.      HECHO IMPONIBLE

-         Patrimonio neto.

-         Presunción: integran el patrimonio los bienes y derechos pertenecientes al sujeto pasivo en el momento del anterior devengo salvo prueba de transmisión o pérdida.

-         Bienes y derechos exentos:

·        Vivienda habitual del contribuyente hasta un importe máximo de 25.000.000 pts.

·        Bienes del Patrimonio Histórico Español o de las Comunidades Autónomas.

·        Objetos de arte y antigüedades que no superen determinados valores, o cedidos a museos sin animo de lucro.

·        Obra propia de artistas pertenecientes al autor.

·        Ajuar domestico (salvo joyas, pieles, vehículos, embarcaciones, aviones, objetos de arte y antigüedades).

·        Derechos de los participes en los planes de pensiones.

·        Derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes al autor y no afectos a actividades empresariales.

·        Valores mobiliarios cuyos rendimientos estén exentos en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

·        Activos empresariales: bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial ejercida en forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y que constituya su principal fuente de renta.

·        Los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial siempre que se cumplan los requisitos del apartado anterior.

-         Las participaciones en entidades, con o sin cotización, cuando:

·        No se trate de sociedades patrimoniales o de mera tenencia de bienes.

·        No sean sociedades transparentes, salvo las sociedades de profesionales.

·        La participación sea al menos el 15% del capital de forma individual, o el 20% juntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado.

·        El sujeto pasivo ejerza funciones de dirección percibiendo retribución que represente mas del 50% de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo.

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4.      SUJETO PASIVO

-         Obligación de contribuir:

·        Personal: personas residentes. Aplicación del impuesto sobre la totalidad del patrimonio mundial.

·        Real: personas no residentes. Aplicación del impuesto a los bienes y derechos de que sean titulares cuando estén situados, puedan ejercitarse o cumplirse en España.

-         Individualización de patrimonios:

·        Titularidad jurídica y en función de pruebas aportadas.

·        Según régimen económico matrimonial.

·        Adquisición con precio aplazado: el valor del elemento se imputará al adquiriente y la deuda pendiente. El vendedor incluirá el derecho de crédito correspondiente al precio aplazado.

·        Venta con reserva de dominio: el adquirente computará su derecho por el importe de las cantidades entregadas. El vendedor se imputará el valor del bien y la deuda por las cantidades recibidas del comprador.

5.      BASE IMPONIBLE

-         BI = Valor del patrimonio neto (PN)

-         PN = Valor de bienes y derechos, menos:

·        Cargas y gravámenes de naturaleza real cuando disminuyan el valor de los bienes y derechos.

·        Deudas y obligaciones personales.

-         Bienes inmuebles (rústicos y urbanos)

-         Criterio general: el mayor de:

·        Valor catastral,

·        Valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos.

·        Precio, contraprestación o valor de adquisición.

-         Bienes inmuebles adquiridos en régimen de multipropiedad:

·        Titularidad parcial: criterios generales.

·        Titularidad por títulos representativos: precio de adquisición.

-         Actividades empresariales o profesionales

·         Diferencia entre el activo real y el pasivo exigible, según contabilidad.

·        Bienes inmuebles afectos a actividades empresariales o profesionales: valoración como punto anterior de bienes inmuebles.

-         Cuentas bancarias.

-         El mayor de:

·        Saldo a la fecha de devengo.

·        Saldo medio ponderado del último trimestre del año.

-         Valores mobiliarios

-         Cesión a terceros de capitales propios:

·        Cotizados: valor de negociación media del último trimestre.

·        Sin cotización en bolsa: valor nominal incluidas, en su caso, las primas de amortización o reembolso.

-         Participación en fondos propios:

·        Cotizados en bolsa:

·        General: valor de negociación media del último trimestre.

·        Suscritos pendientes de admisión a cotización: valor de la última negociación de los títulos antiguos, dentro del periodo de suscripción.

·        Emitidos en ampliaciones de capital y pendientes de desembolso: normas anteriores (como si estuvieran desembolsados), aplicando como deuda la parte no desembolsada.

·        Sin cotización en bolsa:

·        General: valor teórico según balance auditado.

·        En caso de no haber sido auditado, se tomará el mayor de: Valor nominal; valor teórico resultante del último balance aprobado; valor que resulte de capitalizar al tipo del 20%, el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo.

·        De sociedades de inversión mobiliaria y fondos de inversión: valor liquidativo de las participaciones en la fecha de devengo del impuesto, deduciendo las deudas con terceros.

·        De cooperativas: Importe total de las aportaciones desembolsadas, resultantes del último balance aprobado con deducción de las pérdidas sociales no reintegradas.

Escrito por cursosdecontabilidad el 21/12/2010 09:49 | Comentarios (0)

4. Los servicios culturales, artísticos, deportivos, educativos…

 4. Los servicios culturales, artísticos, deportivos, educativos…

Los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar o similares, como las ferias o exposiciones de carácter comercial, incluyendo los servicios de organización de los mismos y los demás servicios accesorios a los anteriores, tributan donde se presten materialmente, cualquiera que sea su destinatario.

5. Los servicios prestados por vía electrónica

Tributarán conforme a las reglas generales, si bien se entenderán prestados en el territorio de aplicación del IVA los prestados por vía electrónica desde la sede de actividad o un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar del domicilio o residencia habitual de un empresario o profesional que se encuentre fuera de la Comunidad y cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que este último se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del impuesto.

Se presumirá que el destinatario del servicio se encuentra establecido o es residente en el TAI cuando se efectúe el pago de la contraprestación del servicio con cargo a cuentas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas en dicho territorio.

6. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión

Tributan igual que los del apartado anterior.

7. Los servicios de restauración y catering

Tributan en el lugar donde se presten materialmente, no obstante los prestados a bordo de buques, aeronaves o trenes en un transporte dentro de la Comunidad quedan sujetos a IVA español si el transporte se inicia en el TAI. En un trayecto de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considera un transporte distinto.

8. Los servicios profesionales

Los servicios de publicidad, asesoría, auditoría, ingeniería, abogacía, tratamiento de datos y suministro de informaciones, traducción, seguros, expertos contables y fiscales tributarán conforme a la regla general, pero como excepción no se entenderán realizados en el TAI cuando el destinatario de los mismos no sea un empresario o profesional actuando como tal y esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual fuera de la Comunidad, salvo en el caso de que dicho destinatario esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual en las islas Canarias, Ceuta o Melilla. 

Modificación de la base imponible

La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos

correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

·         Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

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·         Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.

·         Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

·         Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.

Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al deudor para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.

La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del período de un año a que se refiere la condición 1ª del párrafo anterior y comunicarse a la Administración tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la emisión, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.

El derecho a deducción

El derecho a la deducción del IVA soportado no puede aplicarse automáticamente, ya que los sujetos pasivos no liquidan el impuesto en  cada operación que realizan, sino al finalizar el trimestre (PYMES) o el mes (grandes empresas o exportadoras).

El derecho a deducir las cuotas soportadas alcanza a los sujetos pasivos del impuesto en quienes concurran con los siguientes requisitos:

Artículo 93.- Requisitos subjetivos de la deducción.

Uno. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 de esta Ley.

Dos. También podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que realicen con carácter ocasional las entregas de los medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25, apartados uno y dos de esta Ley.

Ver artículo 32 del Reglamento

Tres. El ejercicio del derecho a la deducción correspondiente a los sectores o actividades a los que resulten aplicables los regímenes especiales regulados en el Título IX de esta Ley se realizará de acuerdo con las normas establecidas en dicho Título para cada uno de ellos.

Cuatro. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas sin intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades.

Requisitos objetivos (art. 94 Y 95  LIVA y 24 RIVA)

Sólo se deducirán las cuotas soportadas por aquellos sujetos pasivos que realicen adquisiciones e importaciones de bienes o servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, en el ámbito espacial del impuesto, y fuera de este territorio, si originaran  el derecho a deducción en el caso de haberse efectuado en el interior del mismo, y nunca en cuantía superior a la que legalmente corresponda, ni antes que se hubieran devengado con arreglo a Derecho.

Requisitos formales

Escrito por cursosdecontabilidad el 20/12/2010 09:10 | Comentarios (0)

"Las causas de (restricción) e (intervención) son (atrribuciones) (regias)."

"Las causas de (restricción) e (intervención) son (atrribuciones) (regias)."

"restricción"

"intervención"

"atrribuciones"

"regias"

"3"

"El vejete (hurgó) en la bolsa de (heramientas) y después me la (arrojó) a la (cara)."

"hurgó"

"hurgó"

"heramientas"

"arrojó"

"3"

En el siguiente test se presentan una serie frases en las que hay unos huecos que corresponden a unas letras. Señale las letras que faltan para completar correctamente las frases.

1. El te_to con_titucional satisfizo a los ponentes.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çc

2. Su cohe_ión sigue la e_trategia del caracol.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çd

3. Ante la apla_tante victoria de mi equipo estaba e_ultante y lleno de alegría.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çb

4. La mayoría de sus poema_ son mutaciones refle_ivas a dios.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çb

Hacienda

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Seguridad Social

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Blog luis bonilla 

MySQL

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5. Este fragmento es un e_ponente del compromi_o político que asume.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çc

6. El hombre es e_clavo de sus pa_iones.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çd

7. El e_plorador tuvo é_ito en sus viajes.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

ça

8. Al tono elegíaco producido por una e_periencia, sucede una actitud jubilo_a.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çc

9. El fu_elaje del cohete avivó la e_plosión y su rápida propagación.

ç

a) x, x

ç

b) s, x

ç

c) x, s

ç

d) s, s

çb

Escrito por cursosdecontabilidad el 17/12/2010 09:14 | Comentarios (0)

“(Juán) ha mostrado cómo en ciertas fórmulas (jurídicas) se (gestan) (teorías).”

 “(Juán) ha mostrado cómo en ciertas fórmulas (jurídicas) se (gestan) (teorías).”

“Juán”

“jurídicas”

“gestan”

“teorías”

“1”

“El (arraigo) (conceptual), es propio de los (régimenes) (absolutistas).”

“arraigo”

“conceptual”

“régimenes”

“absolutistas”

“3”

“El (general) alemán (adoptó) una solución (diplomatica) en (Iraq).”

“general”

“adoptó”

“diplomatica”

“Iraq”

“3”

“El (único) principio (incómodo) para la burguesía, es la (soberania) (absoluta).”

“único”

“incómodo”

“soberania”

“absoluta”

“3”

“Jugar es (vulgar) y (trivial), aunque (solo) sea de (cuando) en cuando.”

“vulgar”

“trivial”

“solo”

“cuando”

“3”

“El relato no hacía sino (recoger) en una (fórmula) (sintética) una (vivéncia).”

“recoger”

“fórmula”

“sintética”

“vivéncia”

“4”

“La demostración (empírica) del (cuándo) y (como), plantea gran (dificultad).”

“empírica”

“cuándo”

“como”

“dificultad”

“3”

“En (síntesis), la (concepción) social del partido afecta a los (extrémos) del (mismo).”

“síntesis”

“concepción”

“extrémos”

“mismo”

“4”

“(Aquí) el (narcotráfico) muestra un grado de (institucionalización) (apreciable).”

“aquí”

“narcotráfico”

“institucionalización”

“apreciable”

“2”

“(Conflictos) de los (órganos) centrales con los territoriales o de (estos) entre (sí).”

“Conflictos”

“órganos”

“estos”

“sí”

“3”

4.4.1. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a y b.

En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

a.  Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.

4.3.4. Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

4.3.5. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente.

4.4. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA.

4.4.1. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

1.3.2. Personal interino

1.3.2. Personal interino

Podrá nombrarse personal funcionario interino en aquellos puestos de trabajo dotados presupuestariamente e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, que se encuentren vacantes, sea precisa su cobertura y no puedan proveerse de forma inmediata por personal funcionario de carrera o exista titular con derecho a su reserva por cualquiera de las causas previstas en la ley.

El funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios indispensables para desempeñar el puesto y, en tanto lo ocupe, sus relaciones jurídicas con la administración serán de naturaleza administrativa y se regirán por los preceptos de la Ley que le sean aplicables. No obstante, su nombramiento no les otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública y su cese se producirá cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento, se provea por funcionario de carrera el puesto correspondiente, por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 20 y 21 de la ley de función pública valenciana, o se amortice.

La selección del personal funcionario interino se realizará por el sistema abreviado que se establezca reglamentariamente, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas, en los términos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, en el que se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

1.3.3. Personal eventual

El personal eventual sólo desempeñará puestos expresamente calificados por sus funciones de confianza o asesoramiento especial.

• La clasificación de los puestos de naturaleza eventual del Gobierno valenciano, contendrá exclusivamente el número de puesto, su denominación y la conselleria de pertenencia. El número de puestos de esta naturaleza y las retribuciones de cada uno de ellos se determinarán dentro de los créditos establecidos al respecto en la correspondiente Ley de Presupuestos.

• El número, características y retribuciones del personal eventual de las Cortes Valencianas y de las Corporaciones Locales se determinarán, respectivamente, dentro de los créditos establecidos al efecto en la Ley de Presupuestos, por la Mesa de las Cortes y por el pleno de las Corporaciones Locales al comienzo de su mandato. En este caso sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.

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El nombramiento y cese de este personal será libre y corresponderá al presidente o la presidenta de la Generalitat Valenciana, al presidente o a la presidenta de las Cortes Valencianas, a los conselleres o las conselleras y, en su caso, a los presidentes o a las presidentas de las Corporaciones Locales. En todo caso el personal eventual cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que preste su función asesora y de confianza. Su nombramiento, régimen de retribuciones y dedicación, se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, en su caso, en el propio de la corporación.

Dejando a salvo la facultad de libre nombramiento y cese de este personal, el mismo se someterá, en cuanto le sea aplicable, al régimen administrativo señalado en l ley, y en ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá un mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.

1.3.4. Personal laboral

Es personal laboral el que ocupe puestos de trabajo clasificados de tal naturaleza en las plantillas y haya sido contratado conforme a la legislación laboral y en cualquiera de las modalidades de contratación que ésta prevea, o haya sido transferido por el Estado con tal carácter.

En ningún caso podrá, este personal, ocupar puestos de trabajo clasificados exclusivamente para personal funcionario. El quebrantamiento de esta prohibición dará lugar a la nulidad del acto correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona causante del mismo.

1.3.5. Contratos específicos

Las Administraciones Públicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, podrán formalizar excepcionalmente contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales y de duración limitada. Éstos se someterán a la legislación estatal de contratos o, en su caso, a la específica de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de la aplicación de la normativa civil o mercantil.

La autoridad o personal al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas referidas en el apartado anterior que con su actuación diese lugar a la conversión de una relación de las reguladas en este artículo en una relación permanente, incurrirá en responsabilidad.

Escrito por cursosdecontabilidad el 14/12/2010 09:11 | Comentarios (0)

Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y

4.2.4. Índice

Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado

• Índice

Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, la Administración contratante deberá elaborar un documento de evaluación en que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, la Administración no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación.

La evaluación será realizada por un órgano colegiado donde se integren expertos con cualificación suficiente en la materia sobre la que verse el contrato.

• Índice

El órgano de contratación, a la vista de los resultados de la evaluación, elaborará un programa funcional que contendrá los elementos básicos que informarán el diálogo con los contratistas y que se incluirá en el documento descriptivo del contrato.

• Índice

5. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

5.1. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

5.1.1. Índice

Procedimiento de adjudicación.

La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 154 a 159 de la Ley 30/2007,  ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 95.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

• Índice

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.

• Índice

5.1.2. Publicidad

• Índice

A) Anuncio previo.

Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer, en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que tengan proyectado adjudicar en los doce meses siguientes, los siguientes datos:

a) en el caso de los contratos de obras, las características esenciales de aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.150.000 euros.

b) En el caso de los contratos de suministro, su valor total estimado, desglosado por grupos de productos referidos a partidas del «Vocabulario Común de los Contratos Públicos» (CPV), cuando ese valor total sea igual o superior a 750.000 euros.

c) En el caso de los contratos de servicios, el valor total estimado para cada categoría de las comprendidas en los números 1 a 16 del anexo II, cuando ese valor total sea igual o superior a 750.000 euros.

Los anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación.

2. EL CONSELL

2. EL CONSELL

El Consell es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat, que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, dirige la Administración, que se encuentra bajo la autoridad de la Generalitat.

Los miembros del Consell que reciben el nombre de Consellers son designados por el President de la Generalitat. Sus funciones, composición, forma de nombramiento y de cese serán reguladas por Ley de Les Corts.

La sede del Consell será la ciudad de Valencia, y sus organismos, servicios y dependencias se podrán establecer en diferentes lugares del territorio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con criterios de descentralización y coordinación de funciones.

Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consell, que por su naturaleza lo exijan, serán publicados en el Diario Oficial de la Generalitat en las dos lenguas oficiales. En relación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se estará a lo que disponga la norma estatal correspondiente.

La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del President se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los Diputados.

Su regulación principal se contiene en la ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano.

2.1. COMPOSICIÓN

El Consell se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los consellers. A las reuniones del Consell podrán asistir los Secretarios Autonómicos cuando sean convocados.

El número de consellers con funciones ejecutivas no excederá de diez, además del presidente.

El presidente de la Generalitat podrá nombrar o cesar uno o varios vicepresidentes del Consell, que llevarán a cabo las funciones de máximo apoyo y asesoramiento en las tareas desempeñadas por el presidente.

Los vicepresidentes podrán ser titulares de uno de los departamentos en los que se divida la Administración Autonómica, en cuyo caso ostentarán, además, la condición de conseller, o bien no tener ningún departamento asignado, en cuyo caso no tendrán funciones ejecutivas propias.

Los vicepresidentes, como miembros del Gobierno Valenciano, asumirán las funciones de la Presidencia del Consell en caso de ausencia, vacante o enfermedad del presidente, según su orden.

4.3.3. Principio de servicio a los ciudadanos.

4.3.3. Principio de servicio a los ciudadanos.

La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos:

·        La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.

·        La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.

La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudadanos:

·        Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos.

·        Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.

Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos dependientes, y las guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de la competencia del Ministerio y de sus Organismos públicos.

3. PROCESO CONSTITUYENTE

3. PROCESO CONSTITUYENTE

El proceso de cambio desde el régimen anterior al actual régimen constitucional se realizó a través del periodo conocido con el nombre de “transición política”,  que abrió el procedimiento de elaboración y aprobación posterior de la Constitución española de 1978.

3.1. LA TRANSICIÓN POLÍTICA

El proceso de transición política comienza con la muerte de F. Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la posterior proclamación de D. Juan Carlos I como Rey de España, ante las Cortes el día 22 de noviembre de 1975. A partir de ese momento comienza en nuestro país un proceso histórico que culminó con la aprobación y entrada en vigor de la Constitución, como veremos más adelante, el 29 de diciembre de 1978.

Fueron pues, más de tres años de continuos movimientos sociales de adaptación pero caracterizados por la voluntad de todas las fuerzas sociales de alcanzar un marco de convivencia para todos.

Los hitos más importantes de este proceso fueron los siguientes:

-         El 20 de noviembre de 1975, el denominado entonces ( hoy desaparecido) “ Consejo de Regencia”, asumió las funciones de la Jefatura del Estado, hasta el 22 de noviembre, fecha en la que, como hemos visto, es proclamado Rey ante las Cortes  y el Consejo del Reino, su Majestad D. Juan Carlos I de Borbón.

-         El Rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista, Arias Navarro. La imposibilidad de que ese Presidente estuviera al mando de un proceso de cambio se manifiesta cuando presenta su dimisión al Rey, el día 1 de julio de 1976.

-         Es nombrado Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, encargado de dirigir las conversaciones con los principales líderes de las diferentes fuerzas sociales y partidos políticos.

-         El 15 de diciembre de 1976, se celebró el Referéndum para la Reforma Política. Como resultado de su aprobación por el pueblo español, se promulga el 4 de enero de 1977, la Ley para la Reforma Política. Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista, en solo cinco artículos.

-         La aprobación de esta norma, abre paso a la celebración de elecciones democráticas por primera vez, elecciones que se celebraron el 15 de junio de 1977. A partir de ese momento comienza el proceso de redacción de la Constitución, que analizamos a continuación.

3.2. LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución Española de 1978, debida a una iniciativa parlamentaria, fue elaborada y aprobada por las Cortes formadas como resultado de las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977.

Seguiremos en nuestra exposición, el criterio de desarrollar las funciones realizadas por los órganos activos del proceso junto con el criterio cronológico.

2. REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

2. REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

2.1. Lugares de presentación

Los ciudadanos tienen derecho a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a los órganos de cualquier Administración pública o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas, así como la documentación complementaria que acompañen a aquéllas, en cualquiera de los siguientes lugares del ámbito de la Administración General del Estado:

·        En las oficinas de registro del órgano administrativo al que se dirijan.

·        En las oficinas de registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración General del Estado, o de los Organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla.

·        En las oficinas de correos, en la forma establecida reglamentariamente.

·        En las representación diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero.

·        En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Asimismo, los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado y a sus Organismos públicos en los siguientes lugares:

·        En los registros de las Administraciones de las Comunicaciones Autónomas.

·        En los registros de las entidades que integran la Administración local; siempre que previamente se haya suscrito el correspondiente convenio.

2.1. Medios de presentación

La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en cualquiera de los lugares previstos anteriormente se podrá efectuar por los siguientes medios:

·        En soporte papel.

·        Por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la Administración General del Estado.

En determinadas oficinas de registro se pondrá a disposición de aquéllas personas que pretendan la presentación simultánea de un número superior a 10 solicitudes, escritos o comunicaciones un modelo para que relacionen aquéllas, numerándolas y especificando la identidad de los interesados, los órganos destinatarios así como un extracto de los contenidos.

3.4.1. Estado de alarma

3.4.1. Estado de alarma

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3.4.2. Estado de excepción

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

3.4.3. Estado de sitio

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: CONCEPTO. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA[1].

4.1. PRINCIPIOS GENERALES

Se recogen en el artículo 103 de la Constitución española de 1978. Son los siguientes:

·        La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales

·        Actúa de acuerdo con los principios de:

a)     Eficacia

b)     Jerarquía

c)      Descentralización

d)     Desconcentración

e)     Coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

5.7.7. Pensiones en favor de los padres

5.7.7. Pensiones en favor de los padres

A) Condiciones del derecho a la pensión

Tendrán derecho a la pensión por este concepto, indistintamente, el padre y la madre del causante de los derechos pasivos, siempre que aquéllos dependieran económicamente de éste al momento de su fallecimiento y que no existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión.

En el supuesto de que al momento del fallecimiento del causante hubiera cónyuge o hijos del mismo con derecho a pensión, el padre y la madre de aquél sólo tendrán derecho a la pensión a partir del momento del fallecimiento del cónyuge del causante del derecho o del último de sus hijos con derecho a pensión, o a partir del momento de la pérdida de aptitud para ser pensionista del último de dichos beneficiarios en el disfrute de la pensión.

La relación paterno-filial comprenderá la matrimonial, la no matrimonial y la legal por adopción.

B) Cálculo de la misma

La base reguladora de la pensión en favor de los padres estará constituida por la pensión de jubilación o retiro del causante de los derechos pasivos.

A dicha base reguladora se aplicará el porcentaje fijo del 15% para la determinación de cada una de las pensiones.

Este porcentaje será del 7,5% en el supuesto de que el funcionario hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia de este último y de haberse señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria.

No asistirá, en ningún caso, a cualquiera de los padres del funcionario fallecido el derecho a que el valor de la pensión del otro de ellos que fallezca o deba cesar en la percepción acrezca el de la suya.

5.8. PENSIONES EXTRAORDINARIAS

5.8.1. Pensiones extraordinarias y hecho causante de las mismas

Las pensiones serán de jubilación o retiro, y de viudedad, orfandad o a favor de los padres, y el hecho causante de las mismas será, respectivamente, la jubilación o retiro del personal correspondiente o su fallecimiento.

3.1.4. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Art

3.1.4. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Art. 18

El artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Establece asimismo la inviolabilidad del domicilio, blindando este extremo al indicar que las entradas o registros en domicilios solo podrá hacerse por:

·        Consentimiento del titular

·        Resolución judicial

·        Flagrante delito.

De otro lado, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

El desarrollo de estos derechos se contiene en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

3.1.5. Libertad de circulación y residencia. Art. 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

3.1.6. Libertad de expresión. Art. 20

En el artículo 20 de la Constitución, se reconocen y protegen los derechos:

·        A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

·        A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

·        A la libertad de cátedra.

·        A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Asimismo, este artículo establece que:

3.7.1. Estado de alarma

3.7.1. Estado de alarma

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3.7.2. Estado de excepción

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

3.7.3. Estado de sitio

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

4. PODER JUDICIAL

El Poder Judicial se regula en el Título VI de la Constitución española de 1978, artículos 117 a 127, y se desarrolla principalmente en las siguientes normas:

-         Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

-         Ley 38/ 1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial

4.1. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL

4.1.1. Artículo 117. Principios generales

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes; inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho.

El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

Se prohíben los Tribunales de excepción.

4.2.4.4. Comisión Permanente

4.2.4.4. Comisión Permanente

Anualmente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial procederá a designar la Comisión Permanente, que estará compuesta por el Presidente del Consejo, que la presidirá, y cuatro Vocales elegidos por mayoría de tres quintos, por acuerdo del Pleno del Consejo General: dos pertenecientes a la Carrera Judicial y otros dos que no formen parte de la misma.

Las reuniones de la Comisión Permanente sólo serán válidas con asistencia de tres, al menos, de sus componentes, entre los que deberá encontrarse el Presidente o quien legalmente le sustituya.

El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente, o en quien legalmente le sustituya, la presidencia de la Comisión Permanente para la resolución de los asuntos de su competencia.

Compete a la Comisión Permanente:

Ø      Preparar las sesiones del Pleno.

Ø      Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.

Ø      Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos, resolver sobre su situación administrativa y disponer el cese de los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitutos por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por alcanzar la edad de 72 años.

Ø      Resolver sobre la concesión de licencias a los Jueces y Magistrados, en los casos previstos en la ley.

Ø      Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.

Ø      Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o atribuidas por la ley.

4.2.4.5. Comisión Disciplinaria

El Pleno del Consejo General elegirá, anualmente, por mayoría de tres quintos, de entre sus Vocales, a los componentes de la Comisión Disciplinaria, que estará integrada por cinco miembros. Tres de ellos, elegidos entre los Vocales que pertenezcan a la Carrera Judicial, y los dos restantes, ajenos a ésta.

La Comisión Disciplinaria deberá actuar, en todo caso, con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo de idéntica procedencia, que será designado por la Comisión Permanente.

A la Comisión Disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de expedientes e imposición de sanciones a Jueces y Magistrados.

5.2.4.6. Comisión de Calificación

5.2.4.6. Comisión de Calificación

Anualmente, el Pleno del Consejo General procederá a designar los componentes de la Comisión de Calificación, que estará integrada por cinco miembros, elegidos en la misma forma establecida para la Comisión Disciplinaria.

Será presidida y quedará válidamente constituida en los mismos términos previstos para la referida Comisión.

Corresponderá a la Comisión de Calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la competencia del Pleno.

Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los Jueces y Magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial y, en todo caso, recibirá un informe anual elaborado por las correspondientes Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales a que aquellos estuviesen adscritos, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados.

5.3. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

La organización judicial española se estructura en torno al principio de jerarquía en la potestad jurisdiccional.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales:

·        Juzgados de Paz.

·        Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de lo Mercantil, de Menores, de Violencia sobre la Mujer y de Vigilancia Penitenciaria.

·        Audiencias Provinciales.

·        Tribunales Superiores de Justicia.

·        Audiencia Nacional.

·        Tribunal Supremo.

5.3.1. Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.

El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.